El pasado 13 de mayo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó al Reino de España al pago de una multa de 30 millones de euros por no haber recuperado a tiempo las ayudas concedidas en el marco de las llamadas “vacaciones fiscales vascas”.
El Gobierno de España ha hecho efectivo ante la Comisión Europea el pago de esta multa. Sin embargo, la responsabilidad última de aquellas ayudas, que en su día fueron consideradas ilegales por la Comisión, corresponde a la Hacienda vasca, y será ésta la que tenga que reembolsar a la Administración central el importe de la multa abonada.
Tal y como establece la normativa vigente, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha notificado a las tres Diputaciones Forales vascas y al propio Gobierno vasco la apertura del procedimiento instando a las citadas administraciones a que abonen los 30 millones de euros de la sanción.
A partir de ahora, las tres Diputaciones Forales y el Gobierno vasco disponen de un plazo para presentar alegaciones, si así lo estiman necesario. También deberán comunicar el porcentaje del que se hará cargo cada una de las administraciones en el reembolso de la multa.